Nayarit mantiene bajo reserva información de 19 obras públicas estatales
El gobierno de Nayarit clasificó como información reservada los expedientes del estadio Nicolás Álvarez Ortega y 18 proyectos adicionales hasta el año 2031.

El gobierno de Nayarit, encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, ha determinado clasificar como información reservada los expedientes técnicos y financieros de 19 obras públicas estratégicas, entre las que destaca el estadio Nicolás Álvarez Ortega. Esta medida administrativa implica que los documentos permanecerán inaccesibles para el escrutinio público durante los próximos cinco años, lo que posterga cualquier consulta ciudadana hasta el año 2031, fecha en la que habrá concluido la administración estatal actual.
La decisión de mantener bajo reserva estos datos fue oficializada mediante los comités de transparencia de las dependencias encargadas de la infraestructura en la entidad. Según las resoluciones emitidas, la apertura de estos archivos se considera un riesgo para los procesos de ejecución y supervisión que aún se encuentran en curso, argumentando criterios de seguridad administrativa y protección de datos operativos durante el periodo de gestión vigente.
Organizaciones de la sociedad civil y colectivos dedicados a la vigilancia de la gestión pública han expresado su preocupación ante esta determinación. La falta de transparencia en proyectos de gran escala, especialmente aquellos vinculados a la infraestructura deportiva y recreativa, genera incertidumbre sobre los costos finales, las empresas contratistas seleccionadas y el cumplimiento de las normativas de construcción vigentes en el estado.
El estadio Nicolás Álvarez Ortega ha sido uno de los proyectos de mayor visibilidad en la administración de Navarro Quintero, representando una inversión significativa de recursos públicos. Al no existir acceso a los expedientes, los ciudadanos y los órganos de vigilancia no cuentan con los elementos necesarios para verificar el ejercicio presupuestal ni el impacto socioeconómico real de la obra frente a otras necesidades prioritarias de la entidad.
Esta política de opacidad se extiende a otros 18 proyectos de infraestructura que, bajo el mismo criterio de reserva, no serán transparentados en el corto plazo. Los organismos de transparencia estatal han señalado que esta medida es definitiva bajo el marco legal actual, lo que obliga a esperar al fin del sexenio para que la información sea desclasificada y puesta a disposición de cualquier interesado que realice una solicitud formal.


