Gobierno recupera 5.8 millones de dólares tras venta de inmuebles ligados a García Luna
El Estado mexicano concretó la venta de doce propiedades vinculadas a la familia Weinberg, identificados como prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública.
El Gobierno de México informó este sábado que ha logrado recuperar 5.8 millones de dólares derivados de la enajenación de doce bienes inmuebles. Estas propiedades estaban vinculadas a la familia Weinberg, señalada por las autoridades federales como prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio 2006-2012. La operación forma parte de los esfuerzos continuos de la actual administración para recuperar activos derivados de presuntas redes de corrupción vinculadas a la gestión de seguridad de dicho periodo.
La transacción se concretó tras un proceso administrativo que permitió la comercialización de los activos confiscados. Según fuentes de la administración federal, los recursos obtenidos han sido ingresados a las arcas públicas del país, con el objetivo de ser destinados a programas prioritarios y al fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Este movimiento representa un paso clave en el litigio que el Estado mexicano mantiene en diversas instancias para recuperar el patrimonio que, según las investigaciones, fue obtenido de manera ilícita mediante contratos irregulares.
La familia Weinberg ha sido identificada en diversos procesos judiciales como un elemento central en el esquema financiero que facilitó el enriquecimiento del exfuncionario. Las autoridades han señalado que estos inmuebles no solo representan el valor de mercado recuperado, sino que forman parte de una red de triangulación de recursos que operó durante años a través de diversas empresas fachada. El equipo legal del gobierno indicó que el proceso para identificar y asegurar otros bienes asociados a esta red continúa activo en distintas entidades federativas.
Este resultado se suma a los esfuerzos de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera para desarticular las estructuras de corrupción del pasado. Los representantes del Ejecutivo federal destacaron que la recuperación de estos activos es un compromiso para resarcir el daño patrimonial causado al Estado. Se prevé que el proceso de identificación de propiedades adicionales continúe en los próximos meses, bajo la supervisión de las autoridades hacendarias y judiciales correspondientes.
