Detienen a alcaldes de Esperanza y Tepeyahualco durante el Operativo Enjambre
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura de los presidentes municipales de Esperanza y Tepeyahualco por presuntas actividades ilícitas.
En el marco del denominado Operativo Enjambre, fuerzas federales lograron la detención de los presidentes municipales de Esperanza, identificado como Isaac "N", y de Tepeyahualco, Said de Jesús "N". El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las capturas responden a investigaciones en curso que vinculan a ambos funcionarios con la presunta comisión de delitos de alto impacto en sus respectivas demarcaciones territoriales.
El despliegue operativo fue ejecutado de manera coordinada entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y agentes de la Fiscalía General de la República. La acción busca desarticular estructuras que, según las investigaciones preliminares, han comprometido la seguridad pública en la región, afectando la gobernabilidad y el ejercicio de la administración municipal en estas zonas del estado.
Tras ser puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica durante las audiencias iniciales. Las autoridades federales han señalado que el Operativo Enjambre continuará con el objetivo de fortalecer el estado de derecho y garantizar que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones legales sin interferencias de grupos ajenos a la ley.
Por su parte, el equipo de comunicación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfatizó que estas detenciones forman parte de una estrategia nacional para combatir la impunidad y la corrupción en los gobiernos locales. Asimismo, se indicó que se mantendrá una estrecha vigilancia en los municipios afectados para asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales y la tranquilidad de los habitantes.
Las investigaciones seguirán su curso para determinar si existen otros funcionarios involucrados en la red investigada. El gobierno federal reiteró su compromiso de no permitir que autoridades municipales actúen al margen de la ley, subrayando que cualquier servidor público que sea señalado por actos ilícitos enfrentará las consecuencias legales conforme a lo establecido en el marco jurídico mexicano.
