Comisiones del Senado avalan limitar doble nacionalidad para cargos públicos

Las comisiones unidas del Senado de la República aprobaron este miércoles el dictamen que busca establecer la nacionalidad mexicana por nacimiento como requisito exclusivo para aspirar a diversos cargos de elección popular. Esta propuesta, que ahora deberá ser discutida en el pleno de la Cámara Alta, plantea una modificación sustancial en los criterios de elegibilidad para quienes buscan representar a la ciudadanía en distintos niveles de gobierno.

Durante el proceso de dictaminación, el senador Alejandro González Yáñez, representante del Partido del Trabajo, intervino para defender la propuesta legislativa frente a las críticas de la bancada opositora. El legislador sostuvo que el proyecto no busca vulnerar derechos fundamentales ni discriminar, sino asegurar que la lealtad de quienes ocupan cargos de representación popular esté centrada exclusivamente en los intereses nacionales, refutando los señalamientos sobre una supuesta afectación a las libertades civiles.

Por su parte, los integrantes de la oposición argumentaron que este tipo de reformas podrían limitar el ejercicio de derechos políticos y representar un retroceso en la inclusión de la diáspora mexicana. Según los legisladores críticos, la medida ignora la realidad de millones de connacionales que, por diversas circunstancias, han adquirido una segunda nacionalidad sin perder su vínculo y compromiso con el país.

El debate se centró en la interpretación del alcance de esta enmienda constitucional y sus posibles repercusiones en el ámbito electoral. Mientras que los defensores de la iniciativa subrayan la importancia de la soberanía en la toma de decisiones públicas, los detractores advierten que la restricción podría ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerarse una medida que restringe el derecho a ser votado.

Tras la aprobación en comisiones, el dictamen se prepara para su turno en la agenda del pleno. Se espera que la discusión continúe en los próximos días, toda vez que se requiere una mayoría calificada al tratarse de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que obliga a las fuerzas políticas a buscar consensos para su eventual aprobación definitiva.